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Un tramitador procesal es un funcionario perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que realiza tareas de apoyo a la gestión procesal, por lo que su ámbito de actuación es bastante amplio. Pueden trabajar en juzgados, registros civiles, fiscalías, e incluso pueden colaborar con clínicas de medicina forense.

En esta entrada te contaremos qué funciones desempeña un tramitador procesal y cómo es el proceso de oposición que hay que aprobar para poder trabajar de ello.

Funciones de un tramitador procesal

El perfil profesional del tramitador procesal, dentro del ámbito público, implica una serie de responsabilidades centradas en el apoyo a la gestión procesal. Estas funciones son elementales para el adecuado funcionamiento del sistema judicial, ya que garantizan que los procedimientos se lleven a cabo de manera ordenada, eficiente y conforme a la legalidad vigente:

Tramitación general de los procedimientos

Los tramitadores procesales llevan a cabo todas las actividades necesarias para avanzar en el proceso judicial utilizando las herramientas ofimáticas que corresponda. Redactan documentos, actas, diligencias, notificaciones, y preparan copias que después incorporarán al expediente. Se trata de un puesto muy importante para mantener el flujo ordenado y eficiente de la documentación judicial, garantizando así el desarrollo adecuado de todos los procedimientos.

Registro y clasificación de la correspondencia

También reciben, registran y organizan la correspondencia relacionada con los casos judiciales. Es esencial para mantener un seguimiento adecuado de las comunicaciones entrantes y salientes para que cada documento llegue a su destinatario correcto. Así pues, el tramitador procesal sirve de filtro inicial, asegurando que la información llegue a las manos apropiadas en el momento oportuno.

Formación de autos y expedientes

Bajo la supervisión de sus superiores, el tramitador procesal se encarga de preparar los autos y expedientes necesarios para avanzar en el proceso judicial, de forma que queden completos y perfectamente organizados. Esta labor requiere precisión y atención al detalle, ya que cualquier error podría tener consecuencias significativas en el desarrollo del caso.

Confección de cédulas para actos de comunicación 

Otra responsabilidad clave del tramitador procesal es preparar las cédulas necesarias para llevar a cabo los actos de comunicación requeridos en un proceso judicial totalmente transparente que cumpla estrictamente con la legalidad vigente. Estas cédulas se necesitan para notificar a las partes involucradas sobre las acciones judiciales que deben llevarse a cabo.

Desempeño de jefaturas asignadas

En algunos casos, pueden designar a un tramitador procesal para desempeñar funciones de jefatura dentro de la estructura de la Oficina Judicial, según lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo. Es decir, asume responsabilidades adicionales en la supervisión y coordinación de actividades dentro del ámbito judicial.

Un día en la jornada laboral 

Vamos a contarte un poco cómo un tramitador procesal suele organizarse el día y desempeñar las tareas que se le asignan en su puesto de trabajo. Comienza revisando y clasificando la correspondencia entrante, priorizando las comunicaciones según su importancia y urgencia. Posteriormente, se dedica a la tramitación de los procedimientos judiciales, redactar documentos, actas y diligencias necesarias para avanzar en los casos.

Después redacta los autos y expedientes que toquen para ese día y revisa que todos estén completos y correctamente organizados bajo la supervisión de su superior jerárquico. Además, prepara cédulas para los actos de comunicación requeridos en los procedimientos judiciales programados próximamente, garantizando así que se entreguen a tiempo a las partes involucradas.

De vez en cuando, también se reúne con su equipo para tratar el estado de las tareas y asignarlas.

¿Cómo trabajar de tramitador procesal? Proceso de oposición

Para acceder al puesto de tramitador procesal, existen dos vías principales: el acceso libre y el acceso por promoción interna. 

En ambos sistemas de acceso se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Las convocatorias se realizan con periodicidad anual y se publican en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo las plazas autorizadas en la Oferta de Empleo Público del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Además, se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. El contenido del temario y las pruebas a realizar son únicos en todo el territorio del estado, pero las plazas ubicadas en comunidades autónomas con traspasos recibidos se ofertarán por el ámbito territorial correspondiente.

Acceso libre

En el acceso libre, cualquier aspirante que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en el proceso selectivo, el cual consta de una fase de oposición. En esta fase, se realizan varios ejercicios obligatorios, como un test de conocimientos sobre las materias del programa y la contestación de preguntas tipo-test referidas a un caso práctico planteado por el Tribunal. 

Además, se lleva a cabo un ejercicio de reproducir un texto en un procesador de textos bajo los requerimientos del Tribunal. También se pueden incluir pruebas optativas para evaluar conocimientos adicionales, como el dominio de la lengua oficial propia o el derecho civil común o foral de las comunidades autónomas.

Por promoción interna

Por otro lado, el acceso por promoción interna está reservado a los funcionarios de carrera del cuerpo de Auxilio Judicial con dos o más años de antigüedad en el Cuerpo. Este acceso también consta de una fase de oposición, donde se realizan ejercicios similares a los del acceso libre, seguidos de una fase de concurso en la que se valoran los méritos especificados en la convocatoria.

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