Es un proceso administrativo para seleccionar a los empleados de un organismo público, ya sean funcionarios, personal laboral, personal estatutario, etc.
Consiste en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos, de mayor a menor puntuación.
Cualquiera que cumpla los requisitos establecidos por la normativa general vigente y por las bases específicas de cada convocatoria. Los requisitos generales se refieren a la edad (mayores de 16 años), nacionalidad (españoles y nacionales de otros países determinados), capacidad (condiciones físicas y carecer de inhabilitación legal o judicial), titulación académica, y requisitos formales (presentación de solicitud y pago de los derechos de participación).
Se fijan en las “bases de la convocatoria”, que se publican en el Boletín o Diario Oficial correspondiente (BOE, diario autonómico, BOP, etc.).
No solamente “puede” recurrirla sino que “debe” recurrirla si entiende que contiene alguna base que no respeta la normativa vigente: requisitos exigidos, baremación de méritos, contenido del temario, etc. Una vez que transcurre el plazo de impugnación de la convocatoria, ésta queda firme y no podrá ser atacada posteriormente.
Cuando se publican los resultados de una prueba puede otorgarse un trámite específico de reclamación, en cuyo caso podrá impugnarse si existen motivos suficientes: preguntas o ejercicios que no se ajustan al temario, quebrantamiento de las condiciones de igualdad en la realización de las pruebas, calificación errónea, etc.
Los procesos selectivos contemplan dos exclusiones: una provisional y otra definitiva. Cuando se publica la provisional se fijan las causas de exclusión, algunas subsanables y otras no. Las primeras podrán subsanarse en el plazo que se otorgue, presentando por escrito la documentación correspondiente o aportando los datos que falten. Si no se subsana, la exclusión pasará a ser definitiva.
El ingreso en cualquier Administración Pública se efectúa respetando los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, mediante los procedimientos de oposición, concurso y concurso-oposición.
